Esto, debido a las complejidades que tiene el Estado sobre la protección procesal adecuada y eficiente para evitar perturbaciones en el derecho a poseer, usar y gozar del dominio de los bienes.
Con el fin de eliminar la posibilidad de aplicar sistemas aleatorios en la admisión de estudiantes, y asegurar el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos.
