La Segunda Sala concluyó que la declaración del acusado se obtuvo en el marco legítimo de un control vehicular, iniciado con la solicitud de documentos y la detección de anomalías en la licencia exhibida.
La Corte rechazó el recurso de nulidad interpuesto por Gabriel Ruiz-Tagle Correa y ratificó la aplicación del artículo 60 letra e) de la Ley 18.045, precisando que el período de bloqueo interno de la emisora no es un elemento del tipo penal.
El máximo tribunal rechazó el recurso de nulidad y afirmó que una denuncia anónima seria y verificable constituye indicio suficiente para habilitar el control de identidad conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal.
La sentencia Rol N° 48.315-2025 revoca el fallo de la Corte de Valparaíso y acoge el amparo, ordenando el traslado del imputado a un establecimiento de salud mental ante la demora injustificada en ejecutar la orden judicial.
Se confirmó la condena sosteniendo que la diligencia de entrada y registro fue válida, pues se realizó con autorización expresa de la encargada del domicilio.
Las condiciones comprometen la integridad y dignidad de 150 internos, ordenando a Gendarmería ejecutar medidas urgentes de habitabilidad, higiene, salud y visitas.
El máximo tribunal acoge un amparo contra Gendarmería y ordena calcular el tiempo mínimo para beneficios intrapenitenciarios según la ley vigente al momento del delito, descartando la aplicación retroactiva de la Ley 21.483.
La demora de los órganos competentes en evacuar el informe pericial psiquiátrico, no puede ser un fundamento para negar lugar a la medida que aparece más idónea.
El máximo tribunal acogió un recurso de amparo y ordenó la inmediata libertad de la mujer, al estimar insuficiente la fundamentación judicial de su prisión preventiva.
La Segunda Sala descartó vulneraciones al debido proceso y confirmó la condena por fingimiento del cargo de abogado, junto con el delito de uso malicioso de documento privado falso.
En el marco del III Congreso de Derecho y Tecnología de la Universidad de Chile, Carlos Araya, abogado de Magliona, analiza -en conversación con Actualidad Jurídica: el blog de DOE- los desafíos que plantea la inteligencia artificial para la regulación, la contratación tecnológica y el sistema tradicional de propiedad intelectual, en un escenario marcado por el acelerado avance de las nuevas tecnologías.
