Dichos archivos no constituyen información pública y, además en caso de serlo se encuentran bajo la reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.
El Servicio de Registro Civil e Identificación no está obligado a procesar, sistematizar ni calcular información estadística solicitada ya que dicha función corresponde al INE.
Cuando la ley de quorum calificado declara la información como reservada, basta esa calificación sin necesidad que el órgano de la administración justifique su afectación caso a caso.
Todo antecedente relacionado a instalaciones de unidades penales es secreto pues, precisamente, su publicidad puede afectar la seguridad de su personal o la seguridad de la Nación.
La información no es secreta, ni tiene reserva porque no está directamente relacionada con la persecución penal y corresponde a antecedentes anteriores a las investigaciones.
Pese a su naturaleza jurídica privada, la entidad cumple funciones públicas de apoyo a organismos estatales, por lo que está sujeta a las obligaciones de acceso a la información contempladas en la Ley N° 20.285.
La trabajadora buscaba revertir el efecto liberatorio de un finiquito respecto de acciones de declaración de relación laboral, unidad económica y nulidad del despido.
Máximo tribunal sostuvo que la administración no solo está facultada, sino obligada a recuperar fondos públicos pagados erróneamente, respetando límites legales en los descuentos.