El tribunal confirmó la decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó permitir acceso a índices de defunción, descartando causales de reserva y validando el principio de publicidad.

La Tercera Sala estimó que la solicitud exigía generar una base de datos inexistente, excediendo el artículo 5° de la Ley N° 20.285.

El máximo tribunal acogió un recurso de queja y concluyó que la divulgación de información productiva afecta derechos comerciales protegidos por la Ley de Transparencia.

El máximo tribunal concluyó que los convenios entre Isapres y cadenas de farmacias no constituyen actos administrativos ni forman parte de un procedimiento estatal, por lo que quedan fuera del régimen de publicidad de la Ley de Transparencia, aun cuando obren en poder de órganos de la Administración.

Se rechazó el reclamo de dos concejalas de Ñuñoa y avaló la multa aplicada por la Contraloría, reforzando el carácter obligatorio y amplio del registro de viajes en la agenda pública.

La Corte Suprema rechazó un recurso de queja del Consejo de Defensa del Estado y confirmó que el número de RUC de una causa penal no constituye un dato personal ni sensible, validando su entrega bajo la Ley de Transparencia.