Ha sido una normativa de carácter jerárquicamente inferior a la ley la que ha contemplado un causal que permitiría una forma de afectación del derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.
La sanción aplicada por el establecimiento se enmarca en su reglamento interno y en la Ley Aula Segura, descartando ilegalidad o arbitrariedad en la medida.
En conversación con Actualidad Jurídica: El Blog de DOE, Hernán Cortez López, profesor de Derecho Civil, doctorando en Derecho y miembro del Grupo de Investigación De Conflictu Legum, analiza el fenómeno del greenwashing y la importancia de regular las declaraciones ambientales en la publicidad.
Sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales establecidas en la ley, la habilitación de proyectos o actividades sometidas a limitaciones regulatorias se realizará, por regla general, mediante técnicas habilitantes alternativas, sin exigir la dictación de un acto administrativo previo del órgano sectorial competente.
La negativa a dar término anticipado a la evaluación ambiental del proyecto no constituye un acto terminal, ni tampoco un acto arbitrario o ilegal que afecte garantías constitucionales.
La concesión de un derecho de aprovechamiento de aguas requiere de la constatación del cumplimiento de una serie de requisitos cuyo análisis y concurrencia resulta una facultad privativa de la autoridad administrativa.
La acción intentada buscaba impugnar la aplicación de la Ley N°21.772 y no una infracción al derecho a desarrollar actividades económicas en los términos protegidos por el amparo económico.
La Tercera Sala estimó que la acción de protección no era la vía idónea para discutir la Ordenanza Municipal N°005, que fijó horarios diferenciados para locales de expendio de alcohol en el centro de Calama.
La Cuarta Sala reconoció relación laboral entre una trabajadora y la Municipalidad de San José de Maipo. El fallo declaró injustificado el despido y ordenó el pago de indemnizaciones, feriados y cotizaciones adeudadas.
