Materias como la aplicación de medidas cautelares conforme al artículo 9° de la Ley N° 20.066, o la eventual salida del recurrido del inmueble, son cuestiones que deben ventilarse en un juicio de lato conocimiento.
Tiene por objeto proteger la identidad e integridad de las personas frente al uso no consentido de tecnologías de inteligencia artificial para generar, difundir o almacenar imitaciones digitales realistas de su imagen, cuerpo o voz.
En conversación con Actualidad Jurídica: El Blog de DOE, el abogado y académico de la Universidad Austral de Chile, Alejandro Durán, advierte que la jurisprudencia del primer año de la Ley Karin se ha concentrado en aspectos procedimentales y sancionatorios, mientras que la prevención ha quedado relegada.
Se acreditó la responsabilidad del sostenedor y con ello la culpa infraccional quedó determinada, sin que hubiere probado vulneración alguna a los principios de objetividad, debido proceso, legalidad ni de razonabilidad.
Las medidas adoptadas buscan precisamente prevenir riesgos a la vida e integridad de los habitantes del sector, cumpliendo con el principio de oportunidad.
Han transcurrido un plazo de más de 6 años desde que concurrió voluntariamente ante la Policía de Investigaciones para dar cuenta de su situación de irregularidad e interés en que se inicie este procedimiento.
La acción intentada buscaba impugnar la aplicación de la Ley N°21.772 y no una infracción al derecho a desarrollar actividades económicas en los términos protegidos por el amparo económico.
La Tercera Sala estimó que la acción de protección no era la vía idónea para discutir la Ordenanza Municipal N°005, que fijó horarios diferenciados para locales de expendio de alcohol en el centro de Calama.
La Cuarta Sala reconoció relación laboral entre una trabajadora y la Municipalidad de San José de Maipo. El fallo declaró injustificado el despido y ordenó el pago de indemnizaciones, feriados y cotizaciones adeudadas.
