Corte Suprema indicó que el arquitecto que presentó el proyecto no es el interesado en reclamo de ilegalidad municipal por invalidación bajo Ley 19.880.

La sentencia enfatiza que no existe regla que permita asimilar el vencimiento de plazos a una forma de terminación del procedimiento disciplinario.

El funcionario actuó como ITO, y en la especie la Ley N° 20.703 no era aplicable al caso.

El momento en el cual se entiende concluido el procedimiento previsto en los artículos 66 y siguientes de la Ley N° 20.529, ocurre con la resolución del Director Regional respectivo.

La Corte Suprema acogió un recurso de protección contra la Municipalidad de Melipilla y ordenó reincorporar a un funcionario cuya contrata fue revocada sin audiencia previa, recordando que los actos administrativos que afectan derechos sólo pueden invalidarse conforme a la Ley N° 19.880.

El principio de confianza legítima solo ampara a quienes han mantenido contratas por más de cinco años continuos.

El tribunal rechazó el recurso de protección (Rol N° 1686-2025) interpuesto contra la Contraloría General de la República, al estimar que la sanción de destitución por viajar al extranjero durante una licencia médica fue dictada conforme a derecho y dentro del marco del Estatuto Administrativo.

La Administración no tiene el deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo.