El acceso a la protección es un derecho de todo denunciante, que garantiza su integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones de vida y de trabajo.
Del 17 de junio de 2016 cuando se recepcionaron los antecedentes y al 13 de julio de 2017 fecha en que se presentó el reparo, transcurrió el plazo de un año.
No se advierte alguna negligencia o falta de las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Procedía la rebaja de la multa, ya que se corrigió la infracción a satisfacción del Servicio antes de la dictación de la resolución sancionatoria.
Quedan excluidos de la aplicación de la ley de bases señalada, los contratos de obra que celebren los Servicios de Vivienda y Urbanización para el cumplimiento de sus fines durante un estado de excepción constitucional de catástrofe y hasta por un año tras su término.
El acta que aplicó la sanción de petición de renuncia, no consignó las defensas hechas valer por el actor ni tampoco se hizo cargo de las mismas.
No quebrantaron el non bis in idem, si bien, se trata de la misma infracción y sujeto pasivo, los hechos que sirven de sustrato factico para estructurarla como los usuarios afectados son distintos.
El proyecto de ley considera importante incorporar ciertas prohibiciones respecto de personas naturales o jurídicas que pretendan contratar con el Estado.
La remoción del funcionario de exclusiva confianza de la autoridad competente, constituye el ejercicio de una potestad discrecional entregada por la ley a la Administración.
La sanción se motivó en una mera discrepancia de la autoridad en cuanto a la interpretación y aplicación de las normas del reglamento a un caso determinado.