Esto, debido a la falta de normativa o tratamiento legal, para perseguir la restitución de aquellos gastos o asignaciones parlamentarias entregadas con infracción a la normativa legal, a las normas respecto de la probidad y/o al reglamento.
Esto, ya que la libertad de enseñanza no es una garantía constitucional absolutamente autónoma e independiente, sino que constituye un complemento del derecho a la educación.
Con esto, el Estado de Chile garantiza su participación y representación política, con el derecho a la autonomía en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales.
Así, el Estado deberá respetar, amparar y promover la asociatividad entre las personas en el cumplimiento de sus objetivos y la búsqueda de su desarrollo y felicidad.
La trabajadora buscaba revertir el efecto liberatorio de un finiquito respecto de acciones de declaración de relación laboral, unidad económica y nulidad del despido.
Máximo tribunal sostuvo que la administración no solo está facultada, sino obligada a recuperar fondos públicos pagados erróneamente, respetando límites legales en los descuentos.
