Contar con espacios diseñados para ayudar a los estudiantes a manejar sus desregulaciones emocionales y conductuales ofrece un entorno seguro para que recuperen su equilibrio emocional.
Era deber del ente fiscalizador en este caso la Superintendencia en su rol preventivo hacer las observaciones al reglamento interno que ahora cuestiona.
Se vulneró el derecho de los miembros de la comunidad escolar de ser informados debidamente respecto de todo aquello que, directa o indirectamente, incida en el proceso educativo de sus hijos.
La reclamante no solicitó a tiempo la autorización para aumentar cupos, y su petición de nueva estructuración de cursos, no dice relación con modificar los cupos autorizados ni para sustituir la autorización respectiva.
Las deudas derivadas de créditos estudiantiles, incluso aquellas que se cobran mediante pagarés, están sujetas a este principio de imprescriptibilidad, beneficiando tanto al Fisco como a las entidades bancarias que administran dichos créditos.
Se debieron haber activado los protocolos ante la agresión sufrida por el alumno durante las actividades organizadas, pese a que ocurrió fuera del recinto educacional.
La recurrida ha condicionado la prosecución de la carrera profesional de la actora al cumplimiento de obligaciones que exceden lo académico y cuya satisfacción debe procurarse por medios legítimos.
Los actos administrativos reclamados a la Superintendencia no pueden ser calificados como ilegales en la medida en que se han fundado en antecedentes objetivos.
Máximo tribunal acogió un recurso de unificación de jurisprudencia, y resolvió que una renuncia sin las formalidades exigidas por el Código del Trabajo carece de eficacia para poner término al vínculo laboral.
