El establecimiento no aplicó correctamente sus protocolos frente a una denuncia de connotación sexual y utilizó instrumentos que no cumplían los estándares exigidos por la normativa vigente.
Cuando la Administración ejerce una potestad discrecional, debe motivar sus actos; esta simple idea fue ratificada por la Excma. Corte Suprema en un caso reciente sobre la regulación de aranceles de la gratuidad en la educación superior, confirmando un fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.
El máximo tribunal confirmó que no hubo acto ilegal o arbitrario en la negativa de reincorporación de una exalumna ni en el cierre del reclamo administrativo por la Superintendencia de Educación Superior.
El Senado aprobó en general el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, iniciativa impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast que busca fortalecer medidas de seguridad y orden en establecimientos educacionales.
Máximo tribunal acogió un recurso de unificación de jurisprudencia, y resolvió que una renuncia sin las formalidades exigidas por el Código del Trabajo carece de eficacia para poner término al vínculo laboral.
