La resolución impugnada se ajustó al estatuto jurídico vigente.
La recurrida se ha retardado en resolver la solicitud, apartándose del principio de celeridad de los procedimientos administrativos.
Tuvo en consideración en tiempo el tiempo de permanencia en el país junto con la existencia de dos hijos y el avanzado estado de gravidez de la actora.
La orden de expulsión no fue notificada y se basó en antecedentes penales inexistentes o prescritos y omitió el interés superior de su hijo chileno.
Se incumple por la Administración la obligación de protección y respeto del derecho a un procedimiento racional y justo.
El Servicio Nacional de Migraciones vulneró el derecho a un procedimiento racional y justo, al archivar la petición por razones formales sin permitir subsanación.
La decisión de la autoridad carece de razonabilidad y proporcionalidad.
La dilación del recurrido en la tramitación de la solicitud debe ser calificada de ilegal y arbitraria.
La Administración incumplió la obligación de protección y respeto del derecho a un procedimiento racional y justo.
Ordena considerar antecedentes de arraigo familiar y laboral.