El máximo tribunal rechazó un recurso de nulidad que alegaba vulneración al debido proceso por inexistencia de orden judicial registrada. La Segunda Sala concluyó que la diligencia policial sí contó con autorización judicial verbal conforme al Código Procesal Penal. La Corte Suprema rechazó el recurso de
La Segunda Sala ratificó la decisión de la Corte de Antofagasta que desestimó la acción contra Gendarmería y el Juzgado de Garantía por una sanción aplicada a un interno por consumo de drogas al interior del penal.
El máximo tribunal sostuvo que Gendarmería ejerció legítimamente la facultad prevista en el artículo 6 N° 12 de su Ley Orgánica y en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, descartando ilegalidad en el traslado dispuesto para descongestionar el penal de Valparaíso.
La Segunda Sala desestimó los recursos de nulidad de las defensas y del Ministerio Público, confirmando las condenas por tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de arma, así como la absolución por lavado de activos.
Instruyó a Gendarmería trasladar en 24 horas a persona privada de libertad para su resolución quirúrgica definitiva y autorizó salidas médicas bajo supervisión familiar.
La Corte revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones, acogió el amparo y ordenó el traslado inmediato del imputado al Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz.
La Segunda Sala descartó vulneración del debido proceso y validó la intervención municipal en fiscalización conjunta con Carabineros.
En Rol N° 55.972-2025, la Tercera Sala ratificó que la eliminación de antecedentes penales no borra automáticamente la inhabilitación perpetua en la hoja de vida del conductor, cuya revisión corresponde exclusivamente a un juez.
En septiembre de 2024 se publicó la ley 21.694 que introdujo el párrafo 4° bis en el Código Procesal Penal el sistema de normas referidas a la cooperación eficaz. Además de una atenuante que puede ser reconocida (como cualquier otra) por parte de los tribunales,
La Corte de Apelaciones anuló las condenas y dictó sentencia de reemplazo al concluir que el artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura exige acreditar daño ambiental efectivo y no solo infracciones regulatorias.