Las empresas deberán elaborar y ejecutar anualmente programas de capacitación a su personal con el objeto de otorgarles herramientas para una efectiva inclusión de género bajo principios de equidad e igualdad de género.
El Ministerio Público podrá autorizar a funcionarios policiales para que se desempeñen como agentes encubiertos que ayuden frente a este tipo de delitos.
Las plantas de tratamiento de aguas servidas no podrán construirse a 300 metros de salas cunas, jardines infantiles, colegios y cualquier otro establecimiento educacional.
Con el objeto de crear un tipo penal que sancione penalmente la apología, promoción, justificación, exculpación, naturalización y normalización del trastorno.
Lo anterior, mediante la elaboración de un informe anual sobre el estado de la equidad de género al interior de la organización y las medidas adoptadas en su favor.
