Corte Suprema acoge nulidad por aporte de inmueble sujeto a medida precautoria vigente. La revocación del alzamiento de una cautelar produce efectos retroactivos, configurando objeto ilícito en la enajenación. Con fecha 30 de marzo la Corte Suprema, en causa Rol N°61.106-2024, acogió el recurso de casación en el fondo deducido por la demandante, invalidando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que había rechazado la demanda y, en su lugar, confirmó la decisión de primera instancia que declaró la nulidad absoluta de un aporte en dominio por objeto ilícito. La causa se inicia mediante una demanda ordinaria de mayor cuantía de nulidad absoluta por objeto ilícito, interpuesta el 23 de mayo de 2019 por la sociedad Sociedad Comercializadora y Distribuidora de Alimentos Stromboli Limitada en contra de una particular y de la sociedad Inversiones Branko SpA (anteriormente denominada Inversiones Santa Ángela SpA), solicitando que se declarara la nulidad del aporte en dominio de derechos equivalentes al 5,34% de un inmueble ubicado en Concepción, efectuado mediante escritura pública en 2016. La acción se fundó en que dicha enajenación se habría realizado existiendo una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos sobre el inmueble, decretada en un juicio previo entre las mismas partes. La demandante sostuvo que, aunque formalmente la medida había sido alzada, dicha decisión se encontraba apelada en el solo efecto devolutivo y fue posteriormente revocada por la Corte de Apelaciones, por lo que debía entenderse que la prohibición nunca dejó de estar vigente, configurándose objeto ilícito conforme al artículo 1464 N°3 del Código Civil. Las demandadas solicitaron el rechazo de la demanda, argumentando que al momento de celebrarse el aporte y su inscripción, no existía medida precautoria vigente, ya que ésta había sido alzada por resolución judicial que producía efectos inmediatos, sin que la posterior revocación pudiera afectar actos jurídicos celebrados fuera del proceso. En cuanto al contexto se estableció que la medida precautoria fue decretada en 2015, posteriormente alzada por resolución de agosto del mismo año, cuya apelación fue concedida en el solo efecto devolutivo. En ese intertanto, en febrero de 2016, la demandada aportó los derechos a una sociedad. Sin embargo, en diciembre de 2016, la Corte de Apelaciones revocó la decisión que había permitido el alzamiento, ordenando mantener la medida precautoria originalmente decretada. En primera instancia, el Tercer Juzgado Civil de Concepción acogió la demanda, declarando la nulidad absoluta del aporte por objeto ilícito. La Corte de Apelaciones de Concepción revocó la decisión y rechazó la demanda, estimó que no cabe duda alguna que el requisito temporal está ausente en este caso, debido a que tanto al momento del aporte en dominio del inmueble -el 8 de febrero de 2016- como al materializarse la enajenación por la inscripción del título el 22 de abril del mismo año- no pesaba sobre aquel ninguna limitación al dominio, en tanto la medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos había sido alzada por resolución de 18 de agosto de 2015 y el recurso de
El máximo tribunal rechazó un recurso de casación en el fondo y validó la restitución de un inmueble, al estimar que la ocupación actual carece de título y se explica solo por tolerancia del dueño.
El máximo tribunal confirmó el rechazo de una demanda indemnizatoria, al no acreditarse incumplimientos en la atención médica ni relación causal con el fallecimiento de la paciente.
La Primera Sala invalidó de oficio un fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique y, en sentencias de reemplazo, acogió tanto una demanda de cumplimiento forzado como otra de resolución de promesa de compraventa.
El máximo tribunal rechazó los recursos de casación y validó el pago de honorarios variables pactados en contrato, al cumplirse la condición de sobreseimiento definitivo.
El tribunal establece que las lesiones menos graves, en contexto de violencia intrafamiliar, pueden constituir atentado grave contra la vida para efectos del artículo 968 N° 2 del Código Civil.
La acción intentada buscaba impugnar la aplicación de la Ley N°21.772 y no una infracción al derecho a desarrollar actividades económicas en los términos protegidos por el amparo económico.
La Tercera Sala estimó que la acción de protección no era la vía idónea para discutir la Ordenanza Municipal N°005, que fijó horarios diferenciados para locales de expendio de alcohol en el centro de Calama.
La Cuarta Sala reconoció relación laboral entre una trabajadora y la Municipalidad de San José de Maipo. El fallo declaró injustificado el despido y ordenó el pago de indemnizaciones, feriados y cotizaciones adeudadas.
