La confesión del acusado fue prestada libre de toda coacción, reconociendo participación en los hechos y además consintió en la práctica de exámenes corporales a su respecto.
Además, fortalece las instituciones de rehabilitación y reinserción social.
Así, los guardias estarán obligados al igual que funcionarios policiales a detener a las personas que sorprendan cometiendo un delito, en el lugar que ellas tienen por finalidad proteger.
Las penas sustitutivas no serán aplicables a personas que registren dos o más sentencias condenatorias anteriores por crimen o simple delito.
Busca diferenciarlo del acoso sexual en espacios públicos y el chantaje sexual, especialmente cuando se hace uso de medios electrónicos a distancia para su comisión.
El hecho que se mantenga las anotaciones en la hoja de vida genera obstáculos para su reinserción social.
La pena aumenta si la conducta se comente contra de un juez con competencia en lo penal, fiscal del Ministerio Público, defensor penal público, funcionarios de Carabineros e Investigaciones o de Gendarmería, en razón del ejercicio de sus funciones.
El procedimiento deberá realizarse con respeto al principio de proporcionalidad e igualdad de trato.
La Corte Suprema consideró que la sentencia acompañada en el recurso no dice relación con la materia que propone unificar.
En los últimos años, ha surgido una preocupante tendencia en el sistema de justicia penal de muchos países: la creciente utilización de acuerdos forzados entre fiscales y defensores penales. Estos acuerdos, también conocidos como "plea bargains" o "negociaciones de culpabilidad", consisten en que el acusado acepta