La Tercera Sala valida el sumario de la Municipalidad de Lota y descarta ilegalidad o arbitrariedad en la destitución de funcionaria que viajó al extranjero con licencia médica vigente.
El fallo rechazó impugnación contra sentencia que descartó que el acuerdo de 2017 constituyera un pacto de pago por US$2.328.370, confirmando que no se acreditó una intención común en tal sentido.
El fallo confirmó que la entidad no probó haber actuado con la diligencia debida frente a transferencias electrónicas realizadas sin consentimiento, descartando exposición imprudente de la víctima.
El máximo tribunal revocó el rechazo de la Corte de Apelaciones de Santiago y dispuso citar a las partes para verificar las sumas efectivamente adeudadas, suspendiendo mientras tanto el arraigo y nuevos apremios.
La Corte estimó que, aunque existió infracción al deber funcionario, la destitución aplicada por la Municipalidad de San Pedro de la Paz resultó desproporcionada frente a las circunstancias del caso.
El fallo confirmó que la cancelación de matrícula exige notificación formal, instancia de descargos y reconsideración, validando la multa del 3% de subvención impuesta por la Superintendencia.
El máximo tribunal revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán y declaró que la controversia sobre el descuento de $141.510.260 por atraso contractual debe resolverse en la vía ordinaria y no mediante acción cautelar.
Instruyó a Gendarmería trasladar en 24 horas a persona privada de libertad para su resolución quirúrgica definitiva y autorizó salidas médicas bajo supervisión familiar.
El máximo tribunal rechazó la acción interpuesta por funcionaria a contrata, estimando que la decisión institucional se fundó en una anotación de demérito y en el procedimiento calificatorio legalmente previsto.
