El máximo tribunal estableció que una rectificación no puede alterar el fondo de una sanción administrativa y confirmó que la multa debía mantenerse en 10 UTM.

La Tercera Sala revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán y rechazó el recurso deducido contra el Colegio Bicentenario Padre Alberto Hurtado. El fallo concluyó que la expulsión se ajustó al reglamento interno y que el procedimiento respetó las garantías básicas de defensa.

La Corte estableció que el plazo de dos años del artículo 86 de la Ley N° 20.529 se computa desde la resolución que instruye el procedimiento sancionatorio y no desde el acta de fiscalización.

El máximo tribunal confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que dejó sin efecto una sanción de la Superintendencia de Educación contra un establecimiento educacional, al estimar que la autoridad administrativa incurrió en falta de motivación y en una interpretación errónea del manejo pedagógico de un episodio disciplinario ocurrido en aula.

El máximo tribunal ratificó la sentencia que validó la privación del 10% de la subvención por seis meses al Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas.

El fallo confirmó que la cancelación de matrícula exige notificación formal, instancia de descargos y reconsideración, validando la multa del 3% de subvención impuesta por la Superintendencia.

La Tercera Sala revocó el fallo de alzada y acogió recurso de protección al constatar que el establecimiento no otorgó instancia de descargos antes de aplicar la sanción.