La Municipalidad demandada tiene la obligación de velar por el buen y apropiado estado de dicha vía pública, esto es, mantenerla en condiciones adecuadas para el tránsito sea peatonal.
El desalojo decretado por la municipalidad es ilegal puesto que dicha competencia está atribuida por ley al Delegado Presidencial quien puede, a su vez, solicitar el auxilio de la fuerza pública para su cometido.
Corte Suprema confirmó que la destitución del ex funcionario se realizó en conformidad con las normativas vigentes y dentro de las facultades legales del municipio y la Contraloría.
Los funcionarios públicos se encuentran impedidos de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración del Estado o usar su autoridad, cargo o bienes de la municipalidad para fines ajenos a sus funciones.
Las infracciones al principio de probidad, se pueden denunciar al Tribunal Electoral Regional por cualquier concejal.
La Municipalidad de Independencia deberá iniciar gestiones de cobro de la totalidad de los mismos, debidamente reajustados, y disponga la instrucción de un proceso disciplinario que determine las eventuales responsabilidades de funcionarios municipales.
Se dejó a la actora en una situación de disparidad en cuanto al trato ordenado por la corporación, en contraste con otros particulares que están vinculados contractualmente.
La municipalidad no puede evadir su responsabilidad en la problemática social y debe actuar para proporcionar soluciones a los habitantes, cumpliendo su deber como Órgano de la Administración del Estado.
La Corte de Apelaciones de Santiago señaló que la fiscalización de tapas de servicios en mal estado es tarea municipal, y su omisión constituye una falta de servicio.
El legislador únicamente ha conferido a las municipalidades y a sus asociaciones la facultad de suscribir convenios con los sistemas colectivos de gestión de residuos.