El máximo tribunal revocó una sentencia y rechazó la acción constitucional, afirmando que la falta de cobertura sanitaria responde a una decisión de política pública fundada en criterios técnicos y presupuestarios.

No existe contradicción entre exigir al demandante la prueba de la falta de servicio y atribuir al órgano demandado la carga de acreditar la imprevisibilidad o inevitabilidad del daño.

La Tercera Sala del máximo tribunal concluyó que no hubo ilegalidad ni arbitrariedad en el alza del plan de salud, al haberse aplicado conforme a la Ley N° 21.674 y a un plan de pago aprobado por la Superintendencia de Salud.

El máximo tribunal acogió el recurso de protección Rol 44.828-2025, ordenando a una Isapre equiparar la cobertura de salud mental y salud física conforme a la Ley 21.331 y la Circular IF/N° 396, aplicable también a planes suscritos antes de 2022.

El máximo tribunal rechazó el recurso de protección Rol N° 49.513-2025 y reafirmó que la cobertura de fármacos no incluidos en GES es una decisión de política pública y no puede imponerse vía acción constitucional. La Corte Suprema, en sentencia de 27 de noviembre de…

El máximo tribunal determinó que los contratos de salud son de tracto sucesivo y deben ajustarse a las normas vigentes, ordenando eliminar cláusulas discriminatorias que limiten la cobertura en salud mental.

La actuación de la Isapre recurrida no puede ser considerada ilegal o arbitraria, por encontrarse amparada en la normativa aplicable y en los términos del plan de salud pactado.

Los contratos no pueden mantenerse cláusulas contractuales que limiten la cobertura de prestaciones de salud mental, por contravenir el ordenamiento constitucional.