La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia que desestimó la acción constitucional del recurrente, quien alegaba que su traslado vulneraba su integridad psíquica y su vida familiar.
El máximo tribunal anuló dos órdenes de apremio dictadas por el Juzgado de Cobranza de San Miguel, interpretando el artículo 12 de la Ley 17.322 y precisando cuándo cesan las medidas de arresto una vez pagado el capital previsional.
El máximo tribunal revocó la sentencia de alzada y acogió el recurso de protección Rol Nº 34.814-2025, ordenando a los ocupantes abandonar el Fundo Miramar en un plazo de seis meses y estableciendo criterios operativos y humanitarios para la ejecución del desalojo.
El Boletín N° 17.964-07, ingresado el 18 de noviembre al Senado, propone restituir la exigencia de residencia regional por dos años para quienes aspiren a un escaño en la Cámara Alta.
La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección Rol 16946-2025 y ordenó al Servicio de Registro Civil e Identificación recalificar una solicitud de posesión efectiva, por haber aplicado criterios de filiación ya derogados y discriminatorios al negar derechos
Sentencia Rol N° 11.192-2025, de 17 de noviembre de 2025, revoca a la Corte de Apelaciones de La Serena y ordena restituir el acceso remoto al portón vehicular y transparentar la deuda de gastos comunes de la recurrente.
A más de cuatro décadas del trabajo del Grupo de Estudios Constitucionales, conocido como el Grupo de los 24, su legado vuelve a cobrar fuerza. En conversación con Actualidad Jurídica: el blog de DOE, el vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
La Corte Suprema confirmó el rechazo del recurso de protección que buscaba el pago retroactivo de la gratificación de zona en la PDI, señalando que la determinación del beneficio requiere un juicio declarativo por falta de derecho indubitado.
La pérdida paulatina de la independencia judicial debe ser observada como un problema de salud pública cuando no se siembran los valores en una sociedad que pueda, en un momento histórico, responder contra intentos autocráticos de control social para desmontar las libertades públicas. Muchos ejemplos
El plazo debe contabilizarse desde la fecha en que quien recurre tomó conocimiento efectivo del acto que estima arbitrario e ilegal, cuestión que debe ser acreditada por quien lo sostiene.