El mensaje presidencial ingresado el 5 de enero de 2026 plantea modificar la Constitución para incorporar a Gendarmería de Chile a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, mover su dependencia hacia el ministerio encargado de la seguridad pública y establecer reglas transitorias para separar la reinserción social en un servicio especializado.
La Tercera Sala concluyó que la acción cautelar perdió eficacia al haberse despejado el inmueble durante la tramitación, confirmando lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Máximo tribunal concluyó que las multas y restricciones por uso de áreas comunes en un condominio deben discutirse ante el Juzgado de Policía Local y que el recurso de protección no es la vía para definir la habitabilidad de una bodega.
El máximo tribunal revocó una sentencia de alzada y rechazó un recurso de protección al constatar que el medio ya había rectificado una noticia de interés público, equilibrando honra y libertad de información.
La Tercera Sala revocó un fallo que había ordenado realizar una cirugía prioritaria, señalando que la pretensión excede el carácter cautelar del recurso de protección.
El máximo tribunal concluyó que la controversia quedó superada por la incorporación del medicamento Trikafta al Plan GES desde diciembre de 2025, dejando sin objeto el recurso de protección deducido contra FONASA.
Los tribunales concluyeron que una consulta formulada por una empresa al Ministerio de Obras Públicas, respondida mediante un ordinario interpretativo, no constituye un acto administrativo que afecte la libertad económica.
Un proyecto de reforma constitucional ingresado al Senado busca incorporar expresamente la identidad digital y la autodeterminación informativa entre las garantías del artículo 19 de la Constitución.
El máximo tribunal ratificó que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver controversias contractuales complejas ni para declarar derechos discutidos entre promitentes compradores e inmobiliarias.
La Tercera Sala descartó ilegalidad o arbitrariedad y reforzó que la acción constitucional exige acreditar el acto lesivo, incluso en conflictos contractuales judicializados.
El fallo concluyó que la revocación de la prórroga de una contrata, antes del inicio del nuevo período anual, no afectó un derecho adquirido en el caso.
La Cuarta Sala confirmó la sentencia que desestimó una demanda por competencia desleal deducida por Consorcio Valle Hermoso S.A. contra Mantoverde S.A.
