No se configuraba un conflicto de orden constitucional que justificara la intervención de esta vía cautelar.
La decisión del Directorio constituye una comisión especial, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución.
La controversia sobre quien debe costear la conexión a los sistemas públicos de recolección de aguas servidas, poseen un mecanismo contencioso especial.
En cuanto a los parlamentarios indicó que no es la vía para reclamar por las opiniones vertidas en los medios de comunicación de los recurridos.
El profesor asociado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Alfonso Henríquez —en conversación con Actualidad Jurídica: El Blog de DOE—, analizó los principales desafíos para la implementación de los derechos sociales en Chile, el rol del Estado en
La Corte advirtió la necesidad urgente de adoptar medidas para evitar que se prolongue la ocupación irregular, dada la transgresión de garantías fundamentales, como el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, protegidas por la Constitución.
Registro de deuda en informes comerciales no vulnera garantías constitucionales.
Todo permiso otorgado por la Municipalidad para hacer uso de un bien nacional de uso público es, por su propia naturaleza y por definición, de carácter precario.
Corresponde acudir a un procedimiento de mayor conocimiento ante un tribunal competente, donde las partes puedan ejercer plenamente sus derechos y presentar pruebas conforme a la ley.
La Corte advierte un déficit en cuanto al deber de fundamentación que debe presentar, ya que de su atenta lectura no se observa la existencia de una motivación fundada para la adopción de la decisión impugnada.