Es evidente que, durante la vigencia de la actual Constitución Política, el llamado “recurso de protección” ha sido el principal mecanismo establecido para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, cuando determinados derechos fundamentales han sido privados, perturbados o amenazados,
Consagra el deber del Estado de relación integral a las víctimas de delitos o conductas terroristas, delitos asociados al crimen organizado y de actos insurgentes.
Corte Suprema confirmó rechazó de la acción de protección interpuesta en contra de la Policía de Investigaciones de Chile.
Esto, debido a que consejeros del Partido Republicanos plantean suprimir la norma sobre igualar la fecha de segunda vuelta presidencial con las parlamentarias.
La reanudación del debate constitucional en Chile ha conllevado la reapertura de discusiones jurídicas importantes. Una de ellas, de particular relevancia para el derecho público, trata sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. La conexión entre la responsabilidad del Estado y la Constitución —al menos en cuanto
Para el académico, la figura del presidente en el anteproyecto sigue lo que tenemos actualmente, reordenando algunas atribuciones y fortaleciendo algunos roles en materia de coordinación.
Se trata un asentamiento irregular en el terreno de propiedad del recurrente, quien se ha visto privado del mismo a causa de la ocupación efectuada por un conjunto de personas de un modo irregular.
El Principio de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, está regulado en el Artículo 8º de la actual Constitución Política, norma que fue reformada en el año 2005 por la Ley Nº 20.050. Así la Transparencia de la información pública se encuentra
Aunque el procedimiento sumarísimo de protección no establezca un período probatorio en contradictorio, ello no significa que el juez pueda decidir sin la existencia de pruebas que evidencien los argumentos presentados por las partes.
Los recurridos incurrieron en un acto arbitrario e ilegal al incurrir en una conducta de autotutela, impidiendo el acceso de la recurrente a sus instalaciones.