El principio de legítima confianza busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos
Toda vez que la funcionaria sancionada fue oída y tuvo oportuno conocimiento de todas las actuaciones en él realizadas.
La Ley N°21.180 tiene como finalidad de “transformar digitalmente el sector público para lograr una mejor calidad de entrega de servicios a los ciudadanos y una mayor efectividad en la gestión pública”.
Si bien su cargo era de exclusiva confianza, no está afecta al sistema de la Alta Dirección Pública de la Ley N° 19.882, pues dicha normativa no es aplicable a las municipalidades.
TC rechazó el requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 137 inciso segundo de la Ley N° 18.834.
En general los plazos contemplados para las actuaciones de la Administración no son fatales, puesto que ellos tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo.
Asimismo, la recurrida deberá proceder al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes.
Los cargos municipales son incompatibles con un empleo adscrito al Sistema de Alta Dirección Pública
Por aplicación del artículo 86 de la ley Nº 18.834, la designación en un cargo ADP generaría para el funcionario una incompatibilidad que lo haría cesar en cualquier otro empleo que sirva previamente.
Constituye una situación excepcional y transitoria, de carácter condicional.
La decisión se sustenta no solo en las facultades de la autoridad, sino que también en las circunstancias de buen servicio.