La Tercera Sala ratificó que la Municipalidad de Macul vulneró el principio de legalidad y el deber de motivación al poner fin a un comodato vigente con una organización comunitaria.
El máximo tribunal dejó sin efecto la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción y estableció que la reclamación administrativa no agotada impide acudir a la acción constitucional.
La Tercera Sala confirmó el rechazo del recurso de protección interpuesto por una académica contra la Universidad de Chile, validando la declaración de vacancia de su cargo por doble calificación regular conforme a la normativa universitaria.
El máximo tribunal ratificó que la expiración del período contractual prevista en el Estatuto Docente no genera, por sí sola, derechos indubitados tutelables por vía cautelar.
La Contraloría General confirmó que corresponde al jefe superior del Servicio Nacional de Aduanas definir qué funciones no son teletrabajables y fijar un mínimo de presencialidad, siempre que la decisión sea fundada y se ajuste a la ley.
La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección contra una municipalidad por remover a una funcionaria de una jefatura sin fundamentación suficiente, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema, reforzando el control judicial sobre la discrecionalidad administrativa.
La Corte Suprema confirmó que informar en concejo municipal la existencia de una subrogancia directiva, sin identificar personas ni cargos, no vulnera la honra ni el secreto del sumario administrativo.
La decisión se basó en antecedentes objetivos debidamente acreditados, fue precedida del pronunciamiento técnico requerido por la normativa vigente y fue adoptada por la autoridad competente. La Corte Suprema confirmó el rechazo de un recurso de protección interpuesto por una funcionaria a contrata de una universidad
La Tercera Sala rechazó un recurso de protección y validó la sanción de destitución aplicada a una funcionaria municipal que viajó al extranjero durante su licencia médica, al estimar que la conducta vulneró gravemente el principio de probidad administrativa.
El máximo tribunal aclaró que la protección por confianza legítima solo surge cuando existen renovaciones sucesivas por un período de 5 años en un mismo servicio público, descartando la posibilidad de sumar años servidos en órganos distintos de la Administración.