El máximo tribunal valida la no renovación de un funcionario municipal al no cumplir el umbral temporal exigido por la jurisprudencia para activar la protección por confianza legítima.

El máximo tribunal estableció que un funcionario con menos de cinco años de servicios no adquiere la expectativa de estabilidad derivada del principio de confianza legítima, por lo que la administración puede poner término anticipado a la contrata si el acto está debidamente motivado.

El máximo tribunal ratificó el rechazo del recurso de protección presentado contra la Municipalidad de Torres del Paine, validando la sanción disciplinaria de destitución aplicada tras un sumario administrativo que acreditó salidas al extranjero mientras el funcionario se encontraba con licencia médica.

El máximo tribunal sostuvo que el exceso de los plazos del artículo 135 del Estatuto Administrativo no configura por sí solo ilegalidad o arbitrariedad, especialmente tratándose de un denunciante.

La sanción de destitución por uso indebido de licencia médica constituye una respuesta legítima frente a una infracción grave al principio de probidad administrativa.

El máximo tribunal sostuvo que la acción cautelar del artículo 20 de la Constitución no constituye una instancia para revisar el mérito de investigaciones administrativas ni para declarar prestaciones de salud derivadas de ellas.