La resolución recurrida fue dictada por el órgano competente en el ámbito de sus atribuciones. El 17 de julio la Corte Suprema en causa rol N°15.876-2025 confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, la que rechazó la acción de protección interpuesta
El procedimiento fue tramitado conforme a las disposiciones legales aplicables, por la autoridad competente, en un caso previsto por la ley.
La decisión del Órgano contralor de disponer la reapertura del sumario, se encuadra dentro de las atribuciones de la recurrida.
La expresión “mientras sean necesarios sus servicios” permite a la autoridad prorrogar la vigencia de la contrata, pero no ponerle término antes de que finalice.
No se fundamentó debidamente la incompatibilidad de su estado de salud con el desempeño de sus funciones, vulnerando sus derechos fundamentales.
La decisión recurrida da cuenta de que la rebaja de grado, sin embargo, omite explicar sus causas.
Toda decisión de la administración debe estar fundamentada, de modo tal que la resolución reclamada constituye en un acto arbitrario e ilegal.
Se advirtió el vicio con ocasión del recurso de reposición, encontrándose legalmente facultado para subsanarlo mediante el ejercicio de sus atribuciones.
Atendida la deficiente fundamentación, este deviene en ilegal y arbitrario, lesionando la garantía de igualdad del actor y de propiedad respecto de sus remuneraciones.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile fue escenario de un encuentro clave para debatir los alcances y desafíos del Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Académicos y representantes del sector privado y público coincidieron en la necesidad de una transformación regulatoria,