Ingreso el 5 de noviembre al Senado el Boletín N° 17.951-06, que propone limitar la suspensión de funciones en sumarios administrativos a un máximo de 60 días hábiles y sancionar como falta grave cualquier extralimitación de plazos por parte del fiscal instructor o la autoridad.
El funcionario actuó como ITO, y en la especie la Ley N° 20.703 no era aplicable al caso.
El momento en el cual se entiende concluido el procedimiento previsto en los artículos 66 y siguientes de la Ley N° 20.529, ocurre con la resolución del Director Regional respectivo.
La Corte Suprema acogió un recurso de protección contra la Municipalidad de Melipilla y ordenó reincorporar a un funcionario cuya contrata fue revocada sin audiencia previa, recordando que los actos administrativos que afectan derechos sólo pueden invalidarse conforme a la Ley N° 19.880.
El principio de confianza legítima solo ampara a quienes han mantenido contratas por más de cinco años continuos.
Corte de La Serena rechaza recurso por destitución por hacer uso de licencia médica en el extranjero
El tribunal rechazó el recurso de protección (Rol N° 1686-2025) interpuesto contra la Contraloría General de la República, al estimar que la sanción de destitución por viajar al extranjero durante una licencia médica fue dictada conforme a derecho y dentro del marco del Estatuto Administrativo.
La Administración no tiene el deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo.
La Corte Suprema rechazó un recurso de protección presentado contra la Municipalidad de Tomé por la remoción de su Directora de Seguridad Pública.
El proyecto de ley propone una modificación a las reglas de responsabilidad administrativa, estableciendo que esta no se extingue con el cese en el cargo.
El amague —posiblemente involuntario— con el que la Corte Suprema nos hizo creer, por un momento, que la confianza legítima iba a ser expulsada de su jurisprudencia en relación con el régimen a contrata[1], ofrece una excelente oportunidad para volver a reflexionar sobre este principio,