Funcionarios a contrata que desempeñan funciones directivas en virtud de la autorización entregada por las leyes de presupuesto, pueden acceder al pago de la asignación.
Las competencias transferidas de forma definitiva sólo podrán ser revocadas mediante una ley dictada al efecto.
La discrepancia que motiva el presente recurso tiene su fundamento en un aspecto sustantivo del sumario en comento, cual es determinar si la investigación se encuentra o no agotada.
Todo procedimiento administrativo deberá expresarse a través de los medios electrónicos.
La Administración debe concluir su función investigadora dentro de un plazo legal.
La confianza legítima está determinada por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años.
El fundamento del trato o la contratación directa se referirá únicamente al monto de la misma.
La omisión del proceso de participación ciudadana es ilegal, ya que, impide el ejercicio del principio de participación consagrado en el Derecho Ambiental Chileno.
La Subsecretaría de Estado debe limitarse al estricto cumplimiento de la labor encomendada.
Desde hace años que la Tercera Sala de la Corte Suprema advirtió que, en el Derecho Administrativo Sancionador, la culpa debe ser entendida como “culpa infraccional”. Lo anterior fue ratificado una vez más, al resolverse el caso Vantrust[1] (CS rol 30.509-2021) en octubre de este