La profunda deficiencia de conocimientos relacionados con la de medicina interna y cuidados críticos, llevó a que los servicios de la recurrente ya no resultaran necesarios.
Para ser beneficiario de las prestaciones de salud, tanto propias como en favor de las cargas familiares, es esencial que el beneficiario contribuya al sistema de seguridad social.
No se aprecia en la especie la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en los actos que se impugnan y, por otra parte, las resoluciones impugnadas no son actos terminales.
La aplicación de la mencionada ley debe conciliarse con los principios esenciales que informan el actuar de los organismos que revisten esa calidad, tales como los principios de eficiencia y eficacia, de continuidad de la función pública, control jerárquico y probidad administrativa.
La Administración debe responder a las alegaciones y considerar los antecedentes presentados durante un procedimiento administrativo para cumplir con los principios de contradicción y motivación.
No se está en presencia de un tratado internacional que deba ser suscrito por el Presidente de la República, sino que de un convenio interinstitucional.
El legislador estableció un procedimiento especial respecto de las infracciones a la ley N° 20.730, entregándole la potestad a la Contraloría General para, mediante la instrucción del respectivo procedimiento, determinar la existencia de responsabilidad y proponer una sanción.
Debido a la crisis financiera generada por una mala administración se ha procedido a suprimir las áreas de trabajo de los recurrentes.
La Corte no advirtió vicios de ilegalidad en la proporcionalidad de la sanción.
Además, la recurrida deberá proceder al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso.