La presente se publicó en el Diario Oficial el 11 de diciembre del 2023.
Decreto recurrido se encuentra debidamente fundado y contiene razones claras y específicas, para la no renovación de la contrata de la recurrente, así como el fundamento para no acoger la alegación relativa a la existencia de confianza legítima.
Existe un acto emanado de la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, fundamentado y notificado a la parte afectada.
Tribunal dejó sin efecto el Decreto Alcaldicio que dispuso no renovar para el periodo 2023 el contrato de contrato de prestación de servicios a honorarios.
El principio de legítima confianza busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos
Toda vez que la funcionaria sancionada fue oída y tuvo oportuno conocimiento de todas las actuaciones en él realizadas.
La Ley N°21.180 tiene como finalidad de “transformar digitalmente el sector público para lograr una mejor calidad de entrega de servicios a los ciudadanos y una mayor efectividad en la gestión pública”.
Si bien su cargo era de exclusiva confianza, no está afecta al sistema de la Alta Dirección Pública de la Ley N° 19.882, pues dicha normativa no es aplicable a las municipalidades.
TC rechazó el requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 137 inciso segundo de la Ley N° 18.834.
En general los plazos contemplados para las actuaciones de la Administración no son fatales, puesto que ellos tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo.