La Administración debe concluir su función investigadora dentro de un plazo legal.
La confianza legítima está determinada por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años.
El fundamento del trato o la contratación directa se referirá únicamente al monto de la misma.
La omisión del proceso de participación ciudadana es ilegal, ya que, impide el ejercicio del principio de participación consagrado en el Derecho Ambiental Chileno.
La Subsecretaría de Estado debe limitarse al estricto cumplimiento de la labor encomendada.
Desde hace años que la Tercera Sala de la Corte Suprema advirtió que, en el Derecho Administrativo Sancionador, la culpa debe ser entendida como “culpa infraccional”. Lo anterior fue ratificado una vez más, al resolverse el caso Vantrust[1] (CS rol 30.509-2021) en octubre de este
La segregación residencial pretende hacer referencia al grado en que dos o más grupos sociales viven separados unos de otros, en diferentes partes del espacio urbano. En este ámbito, la segregación residencial está compuesta por tres dimensiones: en primer lugar, por la tendencia de un
Ausencia de regulación no puede traducirse en que el funcionario deba asumir el costo de dichos traslados.
Los organismos públicos deberán adoptar las medidas necesarias para poner a disposición salas cunas institucionales o contratadas con terceros.
Los principios consagrados en el artículo 6° y 7° de la Constitución Política de la República, posibilitan el recurrir ante los tribunales de justicia para lograr la anulación de los actos contrarios a derecho.